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04.03.2020 | Gobernación

DERECHOS HUMANOS: DESPUÉS DE CASI 30 AÑOS, LOS TRES PODERES DEL ESTADO ACUERDAN RESOLVER EL CASO GRECO

El Ejecutivo chaqueño profundizará políticas de prevención de la violencia institucional, el Poder Legislativo impulsará un proyecto de ley que dote de mayor autonomía al Comité de prevención contra la tortura, y el Judicial fortalecerá el trabajo de la Fiscalía de Derechos Humanos y garantizará el avance de la causa penal, con audiencia fijada para el 25 de abril para, finalmente, arribar a una sentencia.

El gobernador Jorge Capitanich manifestó que el Estado chaqueño responderá a la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre el cumplimiento de los compromisos sustanciales parciales para la solución amistosa planteada por la CIDH en el caso de Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada el 4 de julio de 1990.

Ante la impunidad del caso, los familiares de Juan Ángel Greco recurrieron a la CIDH, que tomó la causa, e instó a la reapertura de la investigación, comprometiendo al Estado chaqueño a una serie de medidas reparatorias a la familia, y a la reapertura de las investigaciones penal y administrativa contras los presuntos responsables de la detención ilegal y la muerte del artesano.

El gobernador Jorge Capitanich, junto al presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Iride Grillo, el presidente del Comité de prevención de la tortura Silvio Del Balzo y su vicepresidente Egidio García, la asesora legal del Ministerio de Gobierno Roxana de los Santos y la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch, acordaron avanzar en los compromisos del Estado provincial para resolver el caso.

El encuentro responde a la convocatoria de la CIDH a su período 175º de sesiones ordinarias que se realizará en Puerto Príncipe, Haití. Al encuentro asistirán las partes del caso. Desde los tres poderes se avanzó en un acuerdo para propender al cumplimiento de las cláusulas de la solución amistosa ante el caso de violencia institucional.

En ese sentido, la representante del Poder Judicial se comprometió a avanzar en todo lo relativo a la causa penal, el gobernador Capitanich se comprometió profundizar las acciones de prevención de la violencia institucional, aunando esfuerzo con los otros poderes para fortalecer al Comité de prevención de la tortura, y el Poder Legislativo se comprometió a avanzar en el tratamiento de la ley que fortalece la estructura orgánica del Comité.

El acuerdo cuenta con nueve cláusulas, de las cuales, tres fundamentales corresponden, en primer lugar, a la situación penal del caso, por otra parte, a la situación de la Fiscalía de ddhh y en tercer lugar la situación del Comité de prevención de la tortura. Los representantes de los tres poderes se comprometieron a trabajar en conjunto y generar un acta de compromiso para aunar esfuerzos con participación de la CIDH para avanzar en el cumplimiento del acuerdo.

Cumplimiento de los compromisos sustanciales parciales ante la CIDH

La CIDH planteó la necesidad de que el Estado chaqueño promueva mejoras estructurales en la implementación de políticas de derechos humanos a través de una serie de requerimientos, a los cuales la provincia respondió cumpliendo los compromisos asumidos.

En cuanto a los resultados de la reapertura de la causa penal y de la investigación, por un lado los tres poderes comprometieron como fecha de tratamiento de la causa el 25 de abril en la Cámara Tercera en lo Criminal de la provincia. En cuanto al nuevo sumario administrativo, se definió que su tratamiento quedará subordinado al fallo que surja del tratamiento de la causa.

Por otra parte, en cuanto a las gestiones realizadas por el Estado para fortalecer el funcionamiento del Comité provincial para la prevención de la tortura, se definió una mesa de trabajo, en la que el gobierno provincial abrió los canales de diálogo según lo requerido por la CIDH. En ese marco, se generaron dos reuniones de trabajo: la primera el 24 de septiembre de 2019 y la segunda el 17 de febrero de 2020. La próxima reunión será en abril de este año.

Como resultado de los encuentros en la mesa de trabajo junto al Comité de prevención de la tortura, los tres poderes del Estado chaqueño se comprometieron a impulsar ante la Cámara de Diputados el tratamiento especial de un proyecto de ley, en el primer semestre del año, que dote al Comité de una estructura orgánica de cargos por concurso público, de antecedentes y oposición y perfiles profesionales, en conformidad con los “Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos” de París. La medida tiene como objetivo generar una mayor autonomía de la institución.

Otro de los puntos del acuerdo fue en relación al presupuesto del Comité, en el que se produjo un avance significativo. En 2018, el organismo contaba con una asignación presupuestaria de $8.150.000, que ascendió a $17.000.000 en 2019. Actualmente, el presupuesto alcanza los $25.410.000, lo que representa un incremento del 331% desde 2018.

Esto permitió un incremento en el plantel de personal del organismo, que en 2018 contaba con 11 trabajadoras y trabajadores. Actualmente son 34 personas las que se desempeñan en Comité, lo que equivale a un aumento del 309% del personal. El incremento en el plantel permitió además fortalecer la presencia territorial de la institución, que abarca ahora las seis circunscripciones judiciales de la provincia. En ese sentido, se solicitó a la CIDH considerar la cláusula de presupuesto como de total cumplimiento.

En relación a las medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los derechos humanos, los tres poderes del Estado acordaron fortalecer el rol de la fiscalía en las causas judiciales Greco I y II. Cabe recordar que la fiscalía fue creada para mejorar la calidad institucional en materia de derechos humanos y que se constituyó como querellante en Greco I. También fue modificado el rol que tenía originalmente y se creó una fiscalía adjunta.

En relación a la toma de medidas para una mejor protección de los derechos humanos, el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, institucionalizó una serie de programas de prevención y atención de la violencia institucional.

Se trata de la guardia de derechos humanos y línea de atención de emergencias las 24 horas en casos de vulneraciones a derechos en curso o inminentes, mediante un equipo interdisciplinario y contemplando la perspectiva de género y su conformación. También mediante querellas desde el propio poder Ejecutivo en casos de muertes o malos tratos vinculadas a las fuerzas policiales o de seguridad, garantizando la perspectiva de derechos humanos de las mismas.

Otro de los programas implica el impulso de litigios estratégicos para evidenciar las trayectorias de las violencias institucionales y producir así contenidos para las políticas públicas y la contención integral a las víctimas, y la creación de la Dirección de Abordaje Integral en Derechos Humanos, un organismo de recepción de casos y articulación interministerial e interpoderes en lo psicológico, jurídico y social con el objetivo de reparar, disminuir y erradicar las vulneraciones de derechos.

El caso

El artesano Juan Ángel Greco, de 24 años, fue detenido el 25 de junio de 1990 por un supuesto estado de ebriedad, y fue trasladado a una Comisaría de Puerto Vilelas. Allí, se produjo un incendio en su celda que le provocó quemaduras graves, y fue hospitalizado hasta su muerte a raíz de las heridas, el 4 de julio de 1990.

Según la denuncia de los familiares ante la CIDH, el incendio se produjo en circunstancias no aclaradas y apuntaron a la Policía como responsables. Los familiares denunciaron demoras en el traslado al hospital, y que el cuerpo fue enterrado sin una autopsia adecuada.