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DESTACAN LA SANCIÓN DE LA LEY DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN DERECHOS HUMANOS PARA LOS PODERES DEL ESTADO

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia celebraron la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa enviada por el poder Ejecutivo. Se trata de una normativa complementaria a la ley Micaela (géneros) y Yolanda (ambiente) en materia de Derechos Humanos.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, destacó y celebró la sanción de la Ley 3517-A, que establece la obligatoriedad en la capacitación en derechos humanos para la prevención de la violencia institucional, el odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia, para toda persona que se desempeña en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres Poderes del Estado del Chaco. La normativa fue sancionada el miércoles 9, por la Cámara de Diputados de la provincia.

 

El proyecto había sido elevado por el Ejecutivo provincial, bajo autoría del gobernador Jorge Capitanich, y establece un plan de acción articulado entre Gobernación, la Secretaría de Derechos Humanos y organismo competentes para capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado; promover los conocimientos fundamentales para su desempeño con perspectiva de Derechos Humanos, prevención y erradicación de la violencia institucional y prevención de la tortura y malos tratos, lucha contra el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia.

 

Así mismo, tiene como ejes el generar conciencia y educar de manera crítica e integral la construcción de una Sociedad intercultural y un Estado pluricultural que se apegue al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los Pueblos Indígenas en todos los poderes del Estado y propiciar herramientas epistemológicas para la reflexión crítica en torno a los problemas que plantea la sociedad en general y los sectores vulnerados en particular mediante la profundización y sistematización de conocimientos específicos acerca de la enseñanza con dicho enfoque en el desarrollo de capacidades.

 

“Esta ley apunta a ser una herramienta formativa para cada una de las trabajadoras y los trabajadores de los poderes del Estado, funcionarias y funcionarios para que puedan garantes de derechos y alejarse de las practicas que puedan reproducir la vulneración de los mismos”, explicó subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, Nayla Bosch.

 

“Esta normativa es fundamental para garantizar un Estado con mirada integral en cuanto a perspectivas de género y viene a completar la Ley Micaela en materia de Géneros y Ley Yolanda en materia de Ambiente, con una mirada de transversalización de las políticas públicas e inclusivas en el Chaco”, agregó.

 

La autoridad de aplicación de esta nueva legislación será la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que estará encargada de establecer los lineamientos generales de las capacitaciones para la formación de los agentes estatales. Tal y como establece el documento: “Un segmento importante de la población son los/las agentes estatales, que como partícipes fundamentales en la ejecución de políticas públicas deben tener conocimiento de los marcos institucionales que garantizan los derechos de las personas y del rol del Estado como responsable del respeto, promoción, garantía y reparación”.

Es ley el manual de procedimiento para preservar la escena del delito

 

Por otro lado, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros destacaron también que la Legislatura provincial sancionó por unanimidad el Manual de procedimiento para preservar el lugar del hecho y la escena del delito.

 

La normativa establece un manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del delito; el protocolo unificado de los Ministerios Públicos de la República Argentina; el protocolo único de examen de salud por delitos contra la integridad sexual; y el protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres.

 

Este proyecto, de autoría conjunta entre Hugo Sager, Juan Carlos Ayala, Jessica Ayala, Juan José Bergia, Teresa Cubells y los diputados de mandato cumplido Nadia García Amud, Juan Manuel Pedrini, y Gladis Cristaldo, se dio a partir del acta de compromiso de solución amistosa, suscripta por el gobernador Capitanich con Andrea Martínez y Silvia Encaje, el 7 de abril de 2021, en el marco del Caso Nº13.595 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, caratulado como “Amanda Graciela Encaje y familia vs. Argentina”.