Esto representa un hito histórico en la resolución pacífica de conflictos comunitarios con enfoque de Seguridad Democrática y Derechos Humanos. La organización colaborará, en carácter de sociedad civil, con la Policía del Chaco en articulación plena con el Estado.
Los argumentos de la fiscal Irala y del coordinador designado, Cáceres Olivera, se basan en un supuesto riesgo para la salud de los agentes debido a la pandemia por Covid-19 y las posibilidades de contagio.
Se debe a que el agente Cristian Flores declaró datos falsos. “Es clave que se establezcan todas las responsabilidades involucradas, no sólo las directas, sino también la cadena de encubrimiento que se reproduce en todos los estratos”, dijo la subsecretaria Nayla Bosch.
La titular de la Secretaría, Silvana Pérez, se encuentra en buen estado de salud y cumpliendo con el aislamiento preventivo tras confirmarse el resultado positivo por Covid-19. El equipo de trabajo del área también se encuentra en aislamiento, y fueron testeados mediante hisopado, con resultado negativo en su totalidad.
Luego del pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros los fiscales subrogantes Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, ordenaron la detención del oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, del sargento Cristian Omar Benítez, del cabo Cristian Ariel Flores y del agente Orlando Sergio Cabrera. Además, se pidió que la imputación formal vaya acompañada de la prisión preventiva.
