En su constitución como querellante el poder ejecutivo solicita la detención de todos los policías involucrados, las medidas de prueba pertinentes, el respetuoso tratamiento de las víctimas y el apartamiento total de la Policía de la investigación.
Lo resolvió la Sala N° 4 de la Cámara de Casación Federal. Se trata de la máxima instancia penal antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se ha obtenido el fallo favorable más reciente.
Se entregaron guantes, botas y máscaras de trabajo, entre otros materiales, con el fin de que se sigan realizando las actividades habituales con las debidas precauciones de higiene respecto a la pandemia por el coronavirus.
El Estado provincial actúo inmediatamente tras las denuncias, garantizando la atención, contención y asesoramiento a las víctimas, y exigiendo la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo, a través del Órgano de Control Institucional.
Referentes de las provincias expusieron los desafíos de los derechos humanos durante el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto ante la emergencia sanitaria por Covid-19. “Como Estado debemos imprimirle una perspectiva de derechos a la salud de todos los argentinos y argentinas", resaltó la subsecretaria de DDHH Nayla Bosch.
“Es importante ante comunidades que tienen tantas vulnerabilidades históricas y estructurales dar un abordaje particularizado con fuerte presencia del Estado”, dijo la secretaria de Derechos Humanos, Silvana Pérez.
